Dan libertad provisional a funcionario que compró colchones en Sinaloa
Habría comprado colchones a dos proveedores de otro giro distinto, uno de ellos es su amigo
Culiacán, Sinaloa.- El coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, Carlos Baltazar Castro Olivas, enfrentará en libertad provisional el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de peculado y negociaciones ilícitas, tras la compra de colchones remendados y en mal estado que fueron entregados como nuevos a los damnificados de la depresión tropical 19-E.
Sin embargo, podría pisar de nuevo la cárcel si en la reanudación de la audiencia, el próximo martes, el juez llegara a definir si es vinculado a proceso.
En la audiencia inicial ante el juez de control y enjuiciamiento penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se dio a conocer que el funcionario estatal hizo la compra con sobreprecio de dichos colchones a dos proveedores, quienes además de no estar registrados ante el Gobierno del Estado, ni siquiera se dedican a dicho giro de venta de colchones.
Uno de ellos resultó ser amigo del imputado, de nombre Francisco Benjamin Langrave Buelna, quien recibió dos transferencias: una de un millón 350 mil pesos y otra más de 270 mil pesos. Otra empresa originaria de Jalisco, de nombre El Mariachi, recibió un pago de un millón 350 mil pesos. En total, el recurso que se presume como quebranto al erario público es de casi tres millones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio Público, fue el ex secretario de Desarrollo Social Raúl Castaños quien presentó la denuncia contra Carlos Baltazar Castro Olivas, quien se reservó su derecho a declarar.
Una vez dada a conocer la imputación, el juez de la causa decretó como medida cautelar la prohibición de salir del Estado al imputado Carlos “N”, y atendiendo la petición de duplicidad de término realizada por la defensa, fijó como fecha para audiencia de vinculación el próximo martes 23 de octubre a las 10:30 horas.
Será en dicha audiencia en la que el juez de control determine la situación jurídica del imputado por el manejo de recursos públicos destinados a la ayuda a damnificados por la contingencia que ocasionó la Tormenta Tropical 19-E, el mes de septiembre pasado.
