Urgen diputados del PT atlas de riesgos estatal y para todos los municipios, para prevenir desastres
Culiacán Sinaloa.- Los diputados locales del Partido del Trabajo, Eleno Flores Gámez y Mario Rafael González Sánchez, sostuvieron en la sesión de este jueves, de la LXIII Legislatura, la necesidad urgente de que el Instituto Estatal de Protección Civil y los propios de cada municipio trabajen en la elaboración y actualización de un atlas de riesgos estatal y los respectivos para cada municipalidad. Es requisito legal indispensable para prevenir desastres que afectan a la población durante fenómenos meteorológicos y para dar orden al crecimiento urbano.
El legislador Eleno Flores presentó un posicionamiento como punto de acuerdo para llamar al órgano estatal creado para la protección civil, a que solicite recursos por 25 millones de pesos, que serán útiles para para realizar los estudios técnico-científicos de carácter geológico e hidrometeorológicos, que permitan sentar las bases para una mejor garantía de seguridad en el estado.
Manifestó que con un proyecto realizado y puesto en práctica con los atlas de riesgos municipales y estatal, pudo haberse enfrentado con éxito el impacto de las torrenciales lluvias de septiembre pasado; con este importante instrumento preventivo pudo haberse evitado la pérdida de vidas humanas y os daños que llegaron a cuantificarse en 800 millones de pesos.
Consideró imperativo que nuestro estado cuente con dichos atlas de prevención, que estén actualizados y reconocidos por Cenapred, pues de ello dependen múltiples fondos de prevención y reconstrucción ante desastres naturales, dijo, al enumerar los esquemas federales que permiten canalizar tales recursos, como el Fonden y el Fopreden. Además, hay una obligación legal por parte de los órganos institucionales y debe cumplirse, sentenció.
En su intervención como apoyo de la propuesta, el diputado Mario González estableció que de estos instrumentos científicos depende también la vida y patrimonio de las familias en las ciudades.
Habló de la ilegalidad que lleva por sí misma un grave peligro para la sociedad, cuando las constructoras compran superficies para desarrollar fraccionamientos sin importar que estos se sitúen al paso de los arroyos y afluentes naturales. Eso significa peligro para las personas, igual que la costumbre de los particulares, de arrojar basura sobre los arroyos y canales. Ante esto debe haber mano dura, orden, respeto y visión sobre el correcto crecimiento urbano en los grandes asentamientos, estableció.
