Entendimiento pacífico y conciliador en la liberación de la UAIS
La liberación de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), unidad Los Mochis se logró gracias al entendimiento pacífico y conciliador de las autoridades de esta institución y el movimiento indígena Yoreme, los cuales antepusieron el derecho de los jóvenes a recibir educación ante cualquier diferencia. En este caso el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, dijo que no hubo vencedores ni vencidos.
Tras haber permanecido cerrada por 53 días, la unidad Los Mochis de la UAIS, Mejía López comentó que lo que sigue “es abrazar el espíritu” de la sentencia votada a la unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante una acción de inconstitucionalidad que interpuso en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la emisión de la Ley Orgánica de la UAIS.
La SCJN considera inválida e inconstitucional la Ley Orgánica de la Universidad porque la anterior Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa no garantizó el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, además, como lo señaló la misma CNDH ante la SCJN, no se justificó haber eliminado un asiento en la Junta Directiva a un miembro de los pueblos indígenas, y el relativo a que, quien ostente el cargo de rector de la Universidad sea preferentemente de origen indígena, así como la educación universitaria dirigida a los estudiantes originarios de sus pueblos.
Por lo anterior, el Congreso tiene como fecha máxima el 26 de noviembre de 2019 para la emisión de la nueva Ley Orgánica de la Universidad, previo a una consulta de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de que, tanto la comunidad indígena, como la universitaria vuelvan a contar con un documento interno que contenga sus visiones, expresiones y propuestas que consoliden la misión universitaria.
Los acuerdos alcanzados entre las partes a la letra dicen lo siguiente:
1. El desistimiento y el otorgamiento del perdón del ofendido en las querellas en contra de cualquier persona que haya formado parte del movimiento Yoreme.
2. La reinstalación de los trabajadores destituidos en las plazas que venían cubriendo; incluyendo pagos de salarios caídos y prestaciones desde que fueron despedidos a la fecha.
3. El compromiso de no tomar acciones de tipo penal, civil, laboral o de cualquier índole legal contra los reinstalados, que formaron parte del Movimiento Yoreme. En el caso de los trabajadores permitirles realizar sus actividades con libertad sin perjudicar sus derechos laborales.
4. El otorgamiento de becas de exoneración de pago de colegiaturas a jóvenes indígenas en la Unidad Los Mochis y sus extensiones, siempre y cuando estos acrediten su procedencia y permanencia en la comunidad indígena.
5. La gestión de la ampliación de la oferta educativa de las carreras de Lengua Indígena y Medicina Herbolaria como parte del Programa Educativo de la Universidad.
El secretario de Educación de Sinaloa destacó que para la solución de este conflicto fue determinante la voluntad del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, la disposición al diálogo del movimiento indígena Yoreme y de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, el interés del delegado de Programas para el Desarrollo, José Jaime Montes Salas por la causa indígena, así como el trabajo efectivo de la mesa de diálogo, la cual está integrada por Lorena Álvarez Gámez, coordinadora General de Organismos Descentralizados de la SEPyC; el subsecretario de Educación Media y Superior, Homobono Rosas Corrales; Luis Alfredo Santana Barraza, coordinador de Asuntos Jurídicos de la SEPyC así como Cutberto Ríos Beltrán, representante del sector productivo, y Rene Odilón Cárdenas García, vocal de la junta.
