Solicita Congreso a ASE informe sobre contratación de personal en Escuela Normal
Un Informe Específico de Resultados de Revisión y Fiscalización Superior sobre ejercicio de los recursos 2017 y 2018 por la ENS, que incluya la revisión del cumplimiento normativo para la contratación del personal en dicho periodo, pidió el Congreso.
Legisladores aprobaron una propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución de la diputada de Morena Flor Emilia Guerra Mena sobre situación laboral de la Escuela Normal de Sinaloa.
La legisladora expuso que según los resultados de un Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, realizado por INEGI en 2014, existían en Sinaloa mil 428 trabajadores de la educación que estaban con licencia o comisionados, es decir, que cobraban sin trabajar.
Tres años después, el Informe Especial Pase de Lista del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo 2017, presentado en febrero de este año por la Auditoría Superior de la Federación, reveló que 607 maestras y maestros no fueron localizados en sus centros de trabajo y que tampoco se presentó de ellos justificación de ausencia.
En rechazo a la observación, la Secretaría de Transparencia aseguró que 569 de esas maestras y maestros estaban adscritos a otros planteles al momento de la investigación, aunque no explicó la condición del resto de los maestros señalados.
«Cobrar sin trabajar, es una de las peores consecuencias que ha producido el corporativismo político sindical en Sinaloa, protegido por los gobernadores en turno», expuso Guerra Mena en los considerandos de esta propuesta que fue avalada por la mayoría de los diputados.
Ello lo confirma el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, que como la mayor parte o de todas las cuentas estatales, debe rechazarse por este Congreso, porque reconoce que aún en estos momentos todavía puede haber 263 aviadores.
Porque ese es el número de maestras y maestros que no fueron encontrados por la Auditoría Superior del Estado y de los cuales no se justificó su ausencia en la última auditoría, explicó.
Para quien dude que los servicios educativos en Sinaloa son el botín de políticos sin escrúpulos, no sólo están estos hechos, mencionó.
La diputada de Morena enfatizó que contra la dirección de la Escuela Normal de Sinaloa se acumulan las denuncias, la última por ejemplo, presentada el 28 de febrero pasado personalmente ante la titular de la ASE Emma Guadalupe Félix Rivera.
Porque se tiene a la institución materialmente como agencia de colocaciones de directivos y políticos sindicales, lo que tiene por supuesto inconforme a la plantilla laboral, dijo la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso.
«Hermanos, hijos, sobrinos y otros parientes de directivos, encabezados por la misma directora de la institución son identificados con nombres y apellidos, en esa denuncia», explicó.
Pormenores de la misma también se entregaron, de manera anticipada el 19 de febrero a las Comisiones, de Fiscalización y Educación, de esta 63 Legislatura, aseguró.
Un expediente del caso fue enviado al Gobernador desde enero pasado firmado por una docena de maestras evidentemente afectadas por una política de favoritismo laboral que las ha desplazado.
Contenida en ese expediente, en una carta de las maestras dirigida al Gobernador, se denuncian tráfico de influencias para el ingreso del personal, eliminación de categorías laborales para otorgar nuevas plazas y entre otras irregularidades, el pago retroactivo de seis meses a las personas beneficiadas, sin haberse presentado a laborar.
Se aportan pruebas sobre uno por uno de los 37 casos en esta situación, los tres primeros atribuidos a Daniel Amador, los dos siguientes al subsecretario de la SEPyC, Francisco Javier Cabanillas, otros más a delegados sindicales y a diversos funcionarios menores tanto de la Secretaría como de la institución, incluso, la contratación de una menor con plaza docente.
En suma, fueron 96 plazas asignadas en condiciones irregulares, pasando por encima de los derechos de los trabajadores de la institución, puntualizó Guerra Mena.
