Se suma PAN a no aprobar ningún informe de cuenta pública de ayuntamientos
Culiacán, Sinaloa.- Se está adelantando un pleito que deberá suscitar hasta el mes de octubre, declaró el diputado, Jorge Villalobos Seáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, quien aseveró que es innecesario llegar a un conflicto sobre aprobar o no los informes de la cuenta pública porque el estudio aún no concluye.
Explicó que la Auditoría Superior del Estado, prevé en el informe entregado, que se aprueben ocho municipios y se desaprueben diez, pero bajo los mismos argumentos, sin embargo, dijo que entre las observaciones que son comunes en las 18 entidades, se detectó que; ejecutaron obra pública o recibieron servicios de arrendamiento y la documentación comprobatoria están cancelados por no encontrar al proveedor dado que ya no existe; otro punto es que llevaron los ingresos derivados por el predial rustico a cuentas bancarias para gasto corriente, por lo que evidencia un desvío de recursos; además de que la mayor parte de la obra publica se adjudicó de manera directa; y finalmente que todos tienen una deuda sin fuente de pago.
“No entendemos por qué la auditoría solicita que se aprueben ocho y se desaprueben diez, por eso la postura del PAN en ese sentido, es que no hay elementos para aprobar uno y desaprobar otros, es decir, coincidimos con los dictámenes de la Comisión de Fiscalización en el sentido en que ahorita no es oportuno aprobar ninguna de las cuentas públicas determinadas en los informes, y que solamente lo habremos de determinar hasta que se concluyan al cien por ciento los análisis de las solventaciones que hicieron los municipios en los plazos establecidos por las leyes”, precisó.
Villalobos Seáñez, recalcó que su postura es legal y que el partido no se puede meter ni a favor, ni en contra, ya que tanto tiene razón el presidente de la Comisión de Fiscalización, como los diputados del PRI porque están entrometiéndose en el trabajo técnico de la auditoría, por lo que si los legisladores no están de acuerdo en el trabajo que está realizando la auditoría que procedan en contra de ella, pero no contra el trabajo que ya no pueden hacerlo.
