Sólo 2 por ciento de decomisos al crimen se vende

México.- Las horas de Arturo Beltrán Leyva como uno de los narcotraficantes más poderosos en México habían terminado. El 16 de diciembre de 2009, el cuerpo de El Barbas quedó tendido con decenas de impactos de bala en un departamento de Cuernavaca, Morelos, donde elementos de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo para capturarlo.

Nueve años después de aquel suceso, el departamento conserva en sus paredes la sangre del exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva y las marcas de las armas utilizadas.

Tuvo que pasar casi una década para que el gobierno federal subastara el hogar del narcotraficante, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con un precio de salida de 3 millones 580 mil pesos.

Especialistas en temas de seguridad explicaron que la lentitud con la cual se concluyen las carpetas de investigación provoca que los bienes muebles e inmuebles ligados a un crimen tarden años en llegar al SAE, con el objetivo de que la administración pública recaude dinero por su venta.

Ejemplo de esto es que durante el sexenio anterior sólo 2% de los automóviles, embarcaciones, aeronaves, joyas e inmuebles asegurados por la antigua Procuraduría General de la República (PGR) fueron transferidos a la dependencia para su venta.

Información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia revela que entre 2013 y 2019 la PGR —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— aseguró 82 mil 213 bienes derivados de un acto delictivo, pero sólo mil 416 se entregaron al SAE.

Los vehículos con procedencia ilícita fueron los que más se transfirieron a esa institución: mil 31 carros; le siguieron 354 joyas, 26 inmuebles, tres embarcaciones y dos aeronaves. Las joyas son los artículos que más recuperó la extinta Procuraduría General de la República durante los operativos del sexenio anterior, con 52 mil 127.  

En 2017 se pusieron a disposición del SAE 760 bienes, ese año fue en el que la PGR entregó más objetos.

Las joyas son los artículos que más recuperó la procuraduría en los operativos del sexenio anterior, con 52 mil 127. También se aseguraron 27 mil 760 vehículos, 2 mil cuatro inmuebles, 223 embarcaciones y 99 aeronaves.

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), detalló que «para que un objeto sea subastado, primero debe concluir el proceso judicial contra la persona poseedora de los bienes.

«Sobre todo, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes debe considerar que una prenda, un inmueble o un vehículo tienen una procedencia ilícita y, por lo tanto, es pertinente que entre en la subasta».

Respecto a cuánto tiempo puede tardar este litigio, el experto dijo que varía según el caso: «No todo es homogéneo, pueden ser meses o muchos años, ahí está el caso del departamento de Arturo Beltrán Leyva, hace cuánto lo mataron y apenas estuvo en subasta».

En este sentido, explicó que la clave para decomisar un bien es demostrar que fue adquirido con dinero derivado de algún delito.

Se quedan bienes o los reclaman

Además del retraso en la conclusión de las carpetas de investigación, los especialistas detectaron otros dos motivos por los cuales los bienes asegurados no llegan al SAE: son reclamados por algún familiar del presunto delincuente o las instituciones de seguridad se los quedan para realizar sus labores.

Así lo indicó Jorge Alberto Lara Rivera, abogado y académico de la Universidad Panamericana, quien comentó: «Los bienes en algunas ocasiones se los queda la PGR para que sigan trabajando o sean casas de atención a víctimas. Eso pasó con la finca conocida como La Muralla de Querétaro, propiedad de un narcotraficante colombiano, la cual fue convertida en un centro de capacitación para los elementos de la dependencia federal».

Asimismo, aclaró por qué un bien asegurado no puede ser transferido al SAE inmediatamente. «El aseguramiento no significa que la propiedad pase a ser del Estado, sino que es una medida cautelar en lo que dura la investigación. La fiscalía valora si los bienes pueden ser objetos de prueba o si por su naturaleza forman parte de un proceso de administración o custodia, entonces no se puede disponer de estos», apuntó el experto.

Lara Rivera abundó que el gobierno sólo puede disponer del bien cuando se le considera decomisado, es decir, cuando hay una sentencia en la carpeta de investigación.

«Tenemos un nivel muy bajo de decomiso, ése es uno de los grandes problemas. El índice de este rubro y en general de recuperación de activos es inferior, sobre todo durante el sexenio pasado. El crimen organizado estaba de fiesta, porque no se le decomisaron bienes, lo que generó muchísima impunidad y corrupción», mencionó.

Con información de El Universal.