Rechaza juez ordenar captura de 31 académicos y científicos del Conacyt
Un juez federal rechazó girar 31 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó contra académicos y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de ex servidores públicos, a los que pretendía imputar el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Funcionarios federales revelaron que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, negó hoy los mandamientos judiciales porque no se configuran los delitos con los cuales pretende responsabilizarlos.
Según la investigación de la FGR, los académicos y científicos recibieron 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en el sexenio pasado, particularmente, de 2013 a junio de 2019.
“…de inicio debe decirse que los recursos solicitados por la asociación civil fueron asignados al Conacyt de dos programas de apoyo denominados FOINS (Fondo Institucional del Conacyt) y Programa F002 (Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación), los cuales estaban destinados exclusivamente a aquellos proyectos de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, formación de capital humano especializado, creación, fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica, planeación difusión y divulgación, así como las que deriven del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Ciencia y Tecnología, que evidentemente no eran coincidentes con el objeto social para el cual se constituyó la moral Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que en esencia fue la de ser el órgano consultivo del Poder Ejecutivo que auxilia al director y a la junta de gobierno del Conacyt”, detalla la imputación.
La FGR alegó que el destino de los recursos solicitados por el FCCyT al Conacyt, sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, vacaciones, impuestos de tres por ciento a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, “no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia y tecnología, innovación y modernización tecnológica, becas y formación de recursos humanos especializados”, entre otros.
La fiscalía mencionó que “se denota el dolo en su actuar como servidores públicos con el deber de cuidado y vigilancia de la correcta asignación y disposición de fondos públicos, pues esa opiniones favorables que emitieron fueron a todas luces contrarias a lo dispuesto tanto en las reglas de operación como en los lineamientos que rigen a FOINS y el Programa F002”.
En su petición, la institución desglosó como fueron destinados del Conacyt los recursos al FCCyT.
En 2013, se entregaron 40 millones de pesos; en 2014, 35 millones; en 2015, 42 millones; en 2016, 45 millones; en 2017, 32 millones; y de enero de 2019 a junio del mismo año, 50 millones.
La Fiscalía General de la República solicitó la orden el 24 de agosto, pero el juzgador previno a la dependencia para que reformulara su petición, ante la inconsistencia en los delitos que buscaba imputar, motivo por el cual le concedió un plazo de 15 días.
Hoy, el juez Gregorio Salazar Hernández determinó que estos delitos que pretende imputar no se configuran en los hechos narrados.
Con información de Telediario.
