PRI expulsa a Quirino tras aceptar cargo como embajador de España
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del PRI de expulsar a Quirino Ordaz Coppel, tras aceptar el cargo como embajador de México en España.
En sesión pública, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior –votaron en contra Mónica Soto y José Luis Vargas– decidieron respaldar la determinación del Revolucionario Institucional para expulsar al exgobernador de Sinaloa con base en sus estatutos.
La propuesta que presentó el magistrado Indalfer Infante puntualizó que el partido fundó y motivó su determinación en contra del exgobernador de Sinaloa por el incumplimiento de sus documentos básicos.
“El órgano responsable (del PRI) señaló que la gravedad de la conducta desplegada por el actor radicó en que, con conocimiento pleno de lo determinado por el máximo órgano deliberativo de la dirección colegiada de carácter permanente, en el que las fuerzas más significativas del partido son corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, deliberadamente desobedeció su determinación”, señaló en la resolución.
El magistrado ponente explicó que es válida la restricción que establece el PRI para que sus dirigentes no acepten cargos en gobiernos de otras fuerzas políticas, como en el caso de Quirino Ordaz Coppel, que asumió la embajada de México en España en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
“La medida me parece proporcional, porque privilegia la autodeterminación de los partidos, protege la ideología de los partidos frente al interés personal de aceptar un cargo de sus dirigentes”, argumentó el magistrado Indalfer Infante.
Apuntó que incluso se debe tomar en cuenta que es lógico que si el PRI no comparte las políticas, como en este caso del gobierno federal, es evidente que prohíba a sus dirigentes aceptar cargos en sus dependencias.
Los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto consideraron que esta restricción vulnera el derecho de los ciudadanos: “Esta restricción vulnera los derechos para ejercer un cargo público que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de cualquier estatuto de partido”, enfatizó la magistrada electoral.
Con información de LA RAZÓN
