Aseguran bienes a extorsionadores de polleros del Edomex por 440 mdp; son susceptibles a extinción de dominio, dice Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer através de un comunicado avances sobre el combate a la extorsión de locatarios de pollo y huevo, derivado de las que la institución ha desmantelado parte de las células a las que atribuyen estos delitos y que son La Familia Michoacana y El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La institución indicó que en el 2023 de un total de 4 mil 10 extorsiones denunciadas en total, sólo una de cada cuatro se realizó de manera presencial y el resto fue de forma indirecta a través de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos y 2 mil 659 fueron telefónicas, 242 por medios informáticos, 97 escritas y mil 12 presenciales.
De acuerdo con análisis de la Fiscalía, la extorsión indirecta, en su mayoría provienen desde Centros Penitenciarios y de Reinserción Social ubicados en Jalisco, Tamaulipas y Ciudad de México, entre otras entidades federativas.
También que 73.2% del total de la incidencia de este delito impactó en 20 municipios de la entidad, primordialmente Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan de Juárez.
Agregó que con las acciones en contra de la extorsión han minado la estructura económica, financiera y patrimonial de los grupos delincuenciales, lo que se cuantifica en pérdidas superiores a 800 millones de pesos, al dejar de percibir 360 millones por operaciones no realizadas y con el aseguramiento de 24 inmuebles con valor de mercado por 440 millones, los cuales podrían ser objeto de extinción de dominio.
Recordó que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, en septiembre de 2022, propuso adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtítulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado para sancionar la coacción que ejercen delincuentes en contra de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
La propuesta fue aprobada por la Legislatura local en el mes de febrero del 2023, y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo del mismo año, con ello tipificado el nuevo marco jurídico y facilitó su persecución, ya que no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, preservando con ello su seguridad e integridad, castigando este delito con penalidades de 6 a 10 años de prisión.
