Desatinada, declaración del Comisionado de Seguridad sobre obispo Salvador Rangel: abogado; la atribuye a tema político
Luis Alberto Vázquez Cisneros, abogado del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, calificó de desatinada la declaración del comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, al decir que el jerarca católico ingresó por su voluntad a un motel acompañado de un hombre.
Expresó su rechazo y atribuyó las declaraciones del comisionado a un tema político por el proceso electoral, para mandar un mensaje de que en Morelos no hay violencia.
“Lo que me manifestó el obispo es que salió de su domicilio, se detuvo en un Oxxo y de ahí perdió el conocimiento. No recuerda si lo golpearon, si le dieron algo a oler. No me mencionó nada de eso, solo que se paró en un Oxxo a comprar una botella de agua o algo así y de ahí perdió el conocimiento”, dijo el abogado
El obispo fue reportado desaparecido desde el sábado 27 de abril y el lunes por la tarde lo hallaron en la sala de urgencias del hospital general José G. Parres, de Cuernavaca, donde fue llevado por una ambulancia.
Los primeros exámenes toxicológicos practicados al prelado arrojaron la presencia de cocaína y benzodiacepinas en el cuerpo de monseñor, de acuerdo con el reporte médico de egreso voluntario, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Su ingreso al nosocomio, conforme a la bitácora oficial, fue a las 10:00 horas del domingo 28 de abril luego de ser encontrado “en establecimiento público, con deterioro neurológico a expensas de estupor, sin pertenencias”.
Vázquez Cisneros fue designado hoy abogado del obispo luego de la renuncia del primer litigante Pedro Martínez Bello, quien explicó que originalmente fue contratado para presentar la denuncia por desaparición y su labor concluyó con la localización del prelado.
Esta noche el abogado acudió al hospital Morelos donde era atendido el obispo tras su traslado del hospital general de Cuernavaca, porque la familia del prelado acusó que personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas lo mantenía retenido, toda vez que requería su declaración ministerial.
Vázquez Cisneros afirmó que hicieron valer su derecho a guardar silencio como víctima, aunado a que el obispo no se encuentra en las mejores condiciones de salud.
