Implementación de la “ley seca” durante las elecciones podría generar pérdidas de entre un 40 y 60 por ciento en restaurantes y comercios de
La implementación de la ley seca durante las elecciones a nivel nacional podría generar una pérdida económica significativa para el sector empresarial, con ingresos reducidos entre un 40 y un 60%, según reportes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), citó especialista en mercadotecnia.
Ligia del Carmen Cosío Cabanillas adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dijo que esta medida, que prohíbe la venta de alcohol durante los comicios, ha sido criticada por su falta de impacto negativo relacionada con el consumo de alcohol en esas fechas.
Cosío Cabanillas señaló que la restricción provoca que las personas busquen alcohol adulterado o recurran a los «aguajes»; la ley seca induce un comportamiento de «psicología inversa», donde la prohibición incita a las personas a buscar maneras alternativas de adquirir alcohol.
Esta situación no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también afecta directamente a los trabajadores del sector servicios, como meseros y meseras, quienes experimentan una reducción en sus ingresos debido a la disminución de las “propinas voluntarias”, ya que los clientes tienden a gastar menos.
“Este fenómeno también provoca pánico entre los consumidores, quienes empiezan a comprar alcohol desde dos días anteriores a las elecciones, creando un mercado negro y aumentando el riesgo de consumo de productos no regulados”, explicó.
Otro aspecto preocupante es el cambio en el comportamiento de la población en áreas rurales, según la especialista, en los pueblos, las personas optan por no salir a establecimientos como taquerías, prefiriendo almacenar alcohol en sus hogares y consumirlo en privado, dicho patrón no solo afecta las ventas de los pequeños negocios locales, sino que también altera la dinámica social y comunitaria.
Concluyó que la ley seca durante las elecciones, lejos de cumplir su propósito original, ha mostrado tener repercusiones económicas, laborales y sociales negativas.
