Extorsión de grupos criminales amenaza albergues de migrantes en la frontera México-EE.UU.
El ‘cobro de piso’, la extorsión del crimen organizado que está en niveles récord en México, ha alcanzado a los albergues de migrantes en la frontera con Estados Unidos, donde activistas temen cerrar los refugios ante las amenazas de muerte que han recibido de las bandas.
Lo que antes se consideraba un secreto a voces entre defensores de migrantes en Tijuana, la mayor urbe del límite norte de México, lo han denunciado públicamente los directivos y coordinadores de estos refugios, donde reportan acoso, infiltraciones del crimen, extorsiones y amenazas de muerte.
El pastor Gustavo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús, el más grande de Tijuana por acoger a mil 300 personas y que está en una zona vulnerable en la periferia, fue de los primeros en denunciar públicamente las amenazas del crimen organizado.
Banda Aceves aseguró a EFE que las amenazas devienen, principalmente, por resguardar a migrantes y mexicanos desplazados por la violencia, de quienes “el crimen se aprovecha para lucrar de distintas formas ante la situación adversa en la que se encuentran”.
“A nosotros nos han amenazado telefónicamente, quieren cobro de piso, pero no ha pasado a mayores. Hemos levantado acta de denuncia ante el Ministerio Público, pero no ha pasado absolutamente nada, antes teníamos vigilancia, ahora estamos desprotegidos por parte de las autoridades”, aseveró.
El ‘cobro de piso‘, como se llama en México a la extorsión en la que un grupo criminal exige dinero a organizaciones y empresas, ha crecido 5.3 por ciento durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ante el sexenio anterior, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en mayo.
Tan solo de enero a abril pasado, hubo 31 víctimas por día, más de una extorsión por hora, señaló la Coparmex con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además de negocios, los amagos del crimen afectan ahora a activistas como Susana Barrales, coordinadora de La Casita de Unión Trans, un albergue exclusivo para migrantes y refugiados trans.
Barrales contó a EFE que “las amenazas de muerte” ha recibido “son relacionadas por el albergue”, por lo que ahora siente que vive “con un botón de pánico en todos lados”.
“Este año he recibido cuatro amenazas de muerte, me han roto los cristales del carro y me han hecho muchas cosas más fuertes, muchas compañeras se han ido (de Tijuana) por esa situación, pero nosotras seguimos, continuamos enfrentando la realidad”, enunció.
Claudia Portela, administradora general del Proyecto Salesiano Tijuana, también coincidió en que “la inseguridad comenzó a permear a la sociedad desde distintas bases, ya no es con un sector específico de la población”.
Con información de EFE
