Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por acusaciones contra Rocha Moya; SRE envía nota diplomática
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para exigir pruebas sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve presuntos implicados en vínculos con el narcotráfico. La mandataria subrayó que su administración no procederá con base en dichos sin sustento y demandó que cualquier señalamiento sea respaldado con evidencia formal.
Las acusaciones, dadas a conocer por autoridades estadounidenses, apuntan a presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el gobierno mexicano cuestionó la falta de información pública detallada y reiteró que no se pueden iniciar procesos judiciales sin elementos probatorios verificables. En este contexto, la SRE solicitó oficialmente a Washington compartir los datos que sustenten dichas imputaciones.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que no habrá detenciones ni acciones legales mientras no existan pruebas sólidas que cumplan con los estándares del sistema de justicia mexicano. La dependencia enfatizó que cualquier investigación deberá apegarse a la Constitución y al debido proceso, dejando claro que la cooperación internacional no sustituye los requisitos legales internos.
El caso ha elevado la tensión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, en un momento clave para la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Analistas señalan que este tipo de señalamientos, sin información pública completa, pueden generar fricciones políticas y legales entre ambos países, especialmente cuando involucran a funcionarios en activo o figuras políticas relevantes.
Mientras tanto, el gobierno federal reiteró su postura de respeto a la soberanía nacional y al Estado de derecho, insistiendo en que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas verificables. El desarrollo del caso dependerá de la información que eventualmente proporcione Estados Unidos y de la evaluación que realicen las autoridades mexicanas en el marco legal vigente.
