Nueva York prohíbe a policías locales colaborar con ICE en operativos migratorios
Entró en vigor en el estado de Nueva York una nueva legislación que impide que las fuerzas policiales estatales y locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la aplicación de leyes civiles de inmigración, como parte de las medidas impulsadas por la gobernadora Kathy Hochul.
La denominada “Ley Policías locales, delitos locales” elimina los acuerdos 287(g), mediante los cuales determinadas corporaciones policiales y centros penitenciarios podían colaborar formalmente con ICE y utilizar recursos locales para realizar funciones relacionadas con el control migratorio. La medida afecta a 12 agencias que mantenían este tipo de convenios.
Con la entrada en vigor de la legislación, policías y departamentos penitenciarios locales ya no podrán establecer estos acuerdos para utilizar personal, instalaciones o recursos financiados por el estado en tareas de aplicación de las leyes civiles de inmigración. Sin embargo, la medida no impide que las corporaciones locales colaboren con autoridades federales cuando se trate de investigaciones criminales.
La gobernadora Kathy Hochul defendió la decisión al señalar que los elementos policiales deben concentrar sus esfuerzos en combatir los delitos que afectan directamente a sus comunidades y no asumir las funciones que corresponden a las autoridades federales de inmigración.
Hochul también cuestionó las tácticas utilizadas por ICE durante los operativos migratorios y sostuvo que han generado temor entre las comunidades inmigrantes. La mandataria afirmó que las corporaciones policiales de Nueva York no participarán en acciones destinadas exclusivamente a hacer cumplir disposiciones civiles de inmigración.
La entrada en vigor de la ley, sin embargo, abrió una disputa judicial. Un grupo de 15 alguaciles de distintos condados presentó una demanda contra Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, con el objetivo de impedir la aplicación de las nuevas restricciones.
Los inconformes argumentan que, al ser funcionarios electos, tienen facultades para decidir si sus corporaciones cooperan con las autoridades federales. Además, sostienen que el estado no debería obligarlos a cancelar convenios que fueron establecidos legalmente con el Gobierno de Estados Unidos.
Hochul y James rechazaron los argumentos y aseguraron que la mayoría de las corporaciones involucradas ya aceptaron terminar sus acuerdos con ICE. Ambas funcionarias señalaron que defenderán la legislación ante los tribunales y exigieron a todas las agencias policiales cumplir con la nueva normativa.
La medida coloca a Nueva York en una nueva confrontación con la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha ampliado los acuerdos 287(g) en diferentes estados para reforzar la participación de autoridades locales en las tareas federales de inmigración.
