México enfrenta presión hídrica: 44% de sus acuíferos está comprometido
México no se encuentra todavía en una situación de “bancarrota hídrica”, pero enfrenta un escenario complejo debido a la sobreexplotación de sus reservas de agua. Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco, explicó que de los 653 acuíferos registrados en el país, el 44 por ciento presenta una disponibilidad media o negativa, lo que significa que en numerosos casos la extracción se acerca o supera su capacidad natural de recuperación.
Uno de los puntos de mayor preocupación es el Valle de México, donde actualmente se extrae prácticamente el doble del agua que logra recargarse de manera natural. A esto se suma un desequilibrio territorial: las regiones centro y norte del país concentran gran parte de la población y de la actividad económica, pero cuentan con menor disponibilidad de agua, mientras que el sur y sureste poseen mayores recursos hídricos y una menor concentración poblacional y productiva.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que uno de los principales problemas no es únicamente la cantidad disponible, sino la forma en que se administra el recurso. Entre los principales retos se encuentra modernizar el sector agrícola, que concentra alrededor del 76 por ciento del consumo de agua en México, además de reducir las pérdidas registradas en las redes urbanas de distribución. El desafío, consideran los especialistas, pasa por utilizar con mayor eficiencia los recursos existentes.
Los especialistas advirtieron que todavía existe margen para frenar el deterioro, pero señalaron que retrasar las medidas podría generar consecuencias económicas, sociales y alimentarias. Las poblaciones con menores recursos serían particularmente vulnerables, debido a que ya destinan una mayor proporción de sus ingresos para enfrentar servicios discontinuos. La presión sobre los acuíferos también podría derivar, a largo plazo, en conflictos sociales y mayores dificultades para garantizar el suministro de agua.
