En la raya: CFE… ¡MÁAAAS! • ¿Qué pretenden?
Por José Luis López Duarte
Después del memorándum de hace 15 días que el presidente de la república envió a la CRE (Comisión Reguladora de Energía), donde ordena que se prioricen las empresas del estado PEMEX y CFE en el mercado energético, a sabiendas de que la CRE es autónoma y ambas empresas desde la reforma energética se les otorgó autonomía de gestión, con el propósito de convertirlas en empresas rentables y se rijan por su productividad y competitividad, de tal manera que sus tarifas y precios en general de sus productos en el mercado, lo establezcan las reglas de este y no la voluntad del gobierno.
Desde el arribo del gobierno de la 4T empezaron las muestras de desconocer la situación de la industria eléctrica y petrolera, tanto que tuvieron como propósito estratégico desmontar la reforma energética del 2014, más allá de una verdadera interpretación y evaluación de la misma y más bien como una propuesta ideológica con el propósito de revertirla.
Los fundamentos para la reforma energética fueron esencialmente los niveles de privatización que prevalecían en PEMEX y CFE (53 y 47 por ciento respectivamente) así como sus bajos niveles de productividad y eficiencia, en particular el hecho de ser empresas del estado que les impedía la autonomía de gestión y todos sus manejos financieros eran controlados por el gobierno.
Es cierto que esta reforma estructural quedó incompleta y que los cambios que se acordaron se implementarían pausadamente y controlados por el mismo gobierno, pero esos pasos se tenían que dar de acuerdo con la reforma constitucional y las nuevas leyes reglamentarias, pero no a la inversa como lo viene haciendo el gobierno de López Obrador.
Sin duda la reforma energética dejó muchos huecos que llenar y de lo que resolvió su implementación debía cursar un proceso tan solo por el tamaño de las empresas y el peso específico de las mismas en la economía y los ingresos públicos, pero eso no implicaba de ninguna manera revertir la reforma energética sin ningún proceso legislativo y tan solo por voluntad administrativa del gobierno, como lo están haciendo en CFE y PEMEX ahora.
En este año se han desatado en ese propósito con el cobro de porteo, elevando en un 800 por ciento la tarifa para usar la red eléctrica de CFE por empresas privadas sin mediar ningún trámite ni negociación, como también el boicot a la producción de electricidad con energías limpias como la eólica y solar, pretendiendo retomar el uso del combustóleo cuando prácticamente todas las termoeléctricas del país han sido reconvertidas a ciclo combinado para que consuman gas, que es mucho menos contaminante, o los casos de PEMEX de modernizar cinco refinerías y construir una más, la de “dos bocas”, cuando la tendencias del mercado es que los vehículos consuman menos combustibles fósiles y sustituya por electricidad.
Estas medidas del gobierno de la 4T ya tuvieron consecuencias al suspender IBERDROLA la construcción de paneles solares por 6 mil millones de dólares que tenían planeado y que se sumarían a los 30 mil millones de dólares que ya tenían instalados, a esta ofensiva se viene a sumar la orden de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un mecanismo para revierta la venta de excedentes de excedentes de energía eléctrica que producen los paneles solares instalados en residencias al rechazar la publicación en el diario oficial de la federación los permisos relacionados con transmisión, almacenamiento y generación de energía eléctrica aprobados el 2019 que incluyen, esta venta de excedentes de producción eléctrica.
El plan de la reforma energética de estimular la producción de electricidad por medio de paneles solares en los techos de las casas, prácticamente se cancela con estas medidas administrativas que se le imponen por el gobierno a la CFE, lo que representa un contrasentido para combatir los déficits de electricidad, elevar la producción con energías limpias y estimular la participación de la sociedad en la industria.
Quién sabe qué pasará con el proceso de 30 años en el que particulares se han incorporado a producir electricidad y hoy participan en la industria. Por lo pronto ya se canceló un proyecto de 6 mil millones de dólares, se contrajo la inversión extranjera por segundo año consecutivo, elevó los niveles de incertidumbre de la inversión privada y han disminuido las calificaciones internacionales de la economía mexicana.
Pretender desgastar la inversión y desestimular al sector privado para que se retire de la industria es un proceso claro de volver a estatizar toda la industria, un mensaje nefasto para la inversión en el sector energético y la economía del país. ¿Así cómo pues?
