El agua de México seguirá bajo el control de empresas. Diputados buscan frenar reforma, alertan

En tiempos del salinismo y el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), Estados Unidos impuso a México una Ley General de Aguas que durante décadas ha generado acaparamiento e impunidad de concesiones a empresas, contaminación por descargas ilegales y vulnerabilidad ante sequías e inundaciones, dijeron académicos y activistas que han exigido desde finales de 2012 una reforma contra la crisis de gestión del agua.

La Ley de Aguas se emitió en 1992 y se reformó en 2004 y 2008. Desde el 2012 el Congreso debe reformarla. Sin embargo, en sesión sin quorum el miércoles 18 de noviembre el Diputado morenista Feliciano Flores Anguiano y el panista Mario Mata Carrasco propusieron a la Comisión de Recursos Hidráulicos posponer hasta el siguiente periodo legislativo el consenso alcanzado durante meses entre ciudadanos y legisladores. El legislador blanquiazul planteó votar el próximo miércoles 25 de noviembre para solo normar el artículo 4 constitucional que mantendrá esta problemática y solo “pone un parche sobre el derecho al agua y saneamiento al ser mocha y regresiva”, advirtieron especialistas. Mata, exalcalde de Delicias, Chihuahua, es socio de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) desde el 2000 y participó en el debate sobre el conflicto estatal respecto al Tratado de 1944 con Estados Unidos que estuvo en riesgo de incumplirse.

“El problema de las cuatro iniciativas de Ley [Morena, PT, PAN y ciudadana] que tenemos es que van a tener puntos inconstitucionales muy fuertes (como el artículo 115 sobre agua y alcantarillado municipal y el 63, derecho al trabajo y alimentación). El querer hacer una Ley General de Aguas es ambicioso y necesario. Pero no es posible sacarlo ahorita en estos pocos días que nos restan”, declaró el miércoles durante la reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, la cual tuvo desde abril para dictaminar sobre el consenso formulado desde 2019.

Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que “no se puede continuar con la privatización del agua”, y el Estado debe poner orden en el uso del agua y en una distribución equitativa de los permisos.

Con información de Sin Embargo.

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