Se despide Graciela Domínguez como presidenta de la JUCOPO

En el marco de la sesión extraordinaria donde solicitó licencia para separarse de su cargo como diputada propietaria en la LXIII Legislatura, Graciela Domínguez Nava agradeció a las diputadas y diputados con quienes compartió tareas de gran trascendencia para Sinaloa, e hizo entrega de un informe de su periodo como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“La rendición de cuentas es un mandato legal, una obligación ineludible de quienes conformamos esta soberanía; en cumplimiento de este mandato, y por convicción propia, como presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente informe que comprende el período de octubre de 2018 a febrero de 2021”, consideró Graciela Domínguez.

Recordó que luego de la elección del 2018, la asamblea de diputados y diputadas establecida el primero de octubre de aquel año, ostenta una mayoría partidaria diferente a la fuerza política representada por el titular del Poder Ejecutivo. Por lo que por primera vez en la historia de Sinaloa se propicia el cumplimiento de la funcionalidad legislativa consagrada en la Constitución General de la República y en la Constitución Local con independencia del Gobernador del Estado.

“Asumir la presidencia de la JUCOPO implicó la convicción de cumplirle al pueblo de Sinaloa, transformar la administración del Poder Legislativo como ente republicano implicó asumir la austeridad y el combate al despilfarro y la corrupción como líneas distintivas del cambio verdadero. Una prueba de esto es que la LXIII Legislatura funciona con el mismo presupuesto anual desde 2018, no ha habido aumento alguno y en términos reales esto supone, incluso, una disminución presupuestal”, comentó Graciela Domínguez Nava.

Ponderó también el reto que fue abrir el cauce al nuevo concepto del poder legislativo dando significado real a la División de Poderes.

“Dicha visión tiene sentido si se asume la política en la dimensión ética de la misma: la honestidad y la congruencia desde el humanismo, es decir, pensar las leyes para el bienestar del pueblo, legislar desde la gente haciendo realidad el parlamento abierto. Hacer leyes obedeciendo el mandato popular representa el sustento de nuestros quehaceres legislativos”, añadió Graciela Domínguez.

Destacó también que definir el presupuesto, otorgándole el carácter social que debe tener en correspondencia a las necesidades del pueblo fue una constante en las aprobaciones de las tres Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa que por mandato de la Constitución le corresponde a la LXIII Legislatura.

“Significativo es dejar asentado un criterio básico en el ejercicio parlamentario: nuestro soporte es entender y asumir la política como una forma de amor al pueblo, de identidad y compromiso social con la gente de la ciudad y del campo; pensar en la gente que puebla las calles, en los transeúntes de pies descalzos, en los otros, en el amor al prójimo”, expresó.

“En el ejercicio de la presidencia de la JUCOPO una premisa soporta el sentido ético y estratégico de la política: por el bien de todos, primero los pobres. Hoy puedo declarar que hemos cumplido en esa línea. Falta mucho para acercarnos a la felicidad cotidiana, plena, de la gente; asirnos a esa línea sigue siendo el reto superior de la política humanista”, añadió.

Sin embargo, reconoció que aunque se avanzó en la agenda legislativa de Sinaloa, aún faltan temas por legislar.

“Pertinente es reconocer que esta Legislatura queda a deber a la sociedad sinaloense en el ámbito de los derechos humanos y en la División de Poderes. La diversidad sexual y el matrimonio igualitario no han sido reconocidos en la legislación de Sinaloa. Este es un derecho humano consustancial a la dignidad de las personas”, consignó Graciela Domínguez.

“La División de Poderes y, por ende, el equilibrio entre estos se socava desde el ejercicio del veto de bolsillo por el Gobernador del Estado, consistente en la facultad del titular del Poder Ejecutivo para no publicar leyes aprobadas por el Poder Legislativo. A esto se suman las controversias constitucionales presentadas por el Ejecutivo estatal, que no son más agravios a la voluntad de la soberanía popular manifiesta en la Asamblea de Diputados y Diputadas. Estamos ante una legislación arcaica, propia del viejo –y ya agotado, sistema político mexicano”, añadió