Morena «ató manos» al INE presupuestal y legalmente… y lo acusa de boicot a consulta
Aunque la dirigencia nacional de Morena acusó al INE de boicotear la consulta popular sobre el llamado “juicio a los ex presidentes”, fue precisamente la mayoría parlamentaria de ese partido la que “ató las manos” presupuestal y legalmente al organismo electoral para promover dicho ejercicio e instalar el próximo 1 de agosto tantas casillas como en la pasada elección federal.
Las bancadas de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión aprobaron en octubre de 2020 la convocatoria a la consulta sobre el esclarecimiento de las decisiones de “actores políticos del pasado”, la cual entró en vigor el día 28 de ese mes.
No obstante, sin percatarse de ello, los legisladores de la cuarta transformación habían impuesto así una “mordaza” de nueve meses al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 constitucional:
“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Senadores y diputados de Morena se apresuraron entonces a corregir su error y en el mes de noviembre modificaron el artículo primero transitorio de la convocatoria para diferir su entrada en vigor y, en consecuencia, su promoción hasta el 15 de julio de 2021.
“Se corrige la fecha porque no podíamos estar un año sin información pública y ahora el periodo de suspensión solamente será después del 15 de julio de 2021 hasta el 1 de agosto de 2021, fecha en que se lleve a cabo la consulta popular”, argumentó en tribuna la entonces legisladora morenista Dolores Padierna.
Sin embargo, y a nombre del PAN, la diputada Madeleine Bonnafoux calificó el aplazamiento como un fraude a la ley para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera hacer proselitismo desde sus conferencias mañaneras.
“Lo que pretenden es una finalidad perversa, que el Presidente siga haciendo proselitismo, aun cuando lo tiene prohibido”, acusó.
Por el PRI, el diputado Enrique Ochoa calificó como un “concierto de errores” el procesamiento de la convocatoria a la consulta popular y el recorte al presupuesto del INE, pese a la solicitud de recursos adicionales para organizar dicho ejercicio.
“Pareciera que ustedes quieren que la consulta popular fracase”, dijo a los legisladores de la mayoría parlamentaria.
