En pandemia aumentó 77% la población sin acceso a servicios de salud; sobre todo los más pobres
En 2017, Vilma Ruth Saavedra, de 52 años, tenía fuertes dolores de cabeza, mareos y cansancio. Trabajaba como cuidadora en un asilo privado y no tenía seguridad social. Aunque acudía a centros de salud de su comunidad en Oaxaca, no le daban un diagnóstico preciso.
Se afilió al Seguro Popular para buscar más opciones médicas porque los dolores eran tan intensos que incluso le impidieron seguir trabajando. Fue así como la canalizaron al Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca, y de ahí, la enviaron al Hospital de Cardiología Ignacio Chávez.
El caso era de urgencia, tenía un tumor en el corazón y fue recibida inmediatamente. En tres meses tuvo 17 operaciones, con procesos tan complicados que los médicos le daban esperanza de vida de 1%, pero lo resistió todo.
El costo de su estancia en el hospital ascendió a un millón 500 mil pesos y la familia debía pagar 150 mil. El Seguro Popular funcionaba como una póliza de seguro de gastos médicos, donde el hospital absorbía todos los gastos de un tratamiento y después se le rembolsaba con recursos públicos y el paciente, dependiendo sus posibilidades, también pagaba una parte.
En su caso, solo por la colocación de un marcapasos eran 45 mil pesos, pero después de demostrar su situación socioeconómica, incluso sin trabajo, al final pagó 80 mil pesos, que logró juntar gracias a la cooperación de toda la familia.
El Seguro Popular desapareció pero, dada la gravedad de su padecimiento, aún tiene seguimiento en el Hospital de Cardiología, aunque los chequeos cotidianos los hace con un cardiólogo particular gracias a la cooperación de sus hijos. También gasta 1,500 pesos mensuales en medicamentos genéricos.
Con información de Animal Político.
