El Poder Judicial en manos del voto ciudadano
El próximo domingo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a quienes integrarán el Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta elección es resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que busca democratizar la justicia y combatir la corrupción mediante el voto popular.
En esta elección se renovarán 881 cargos federales y 1,800 estatales en 19 entidades del país. Entre los puestos a elegir se encuentran: 9 ministros de la SCJN, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, y 386 jueces de distrito.
Los votantes recibirán seis boletas distintas para elegir a los funcionarios de cada instancia judicial correspondiente.
La reforma ha generado un intenso debate. Sus defensores argumentan que permitirá al pueblo tener mayor control sobre el sistema judicial y erradicar prácticas corruptas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que esta elección es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que el país es el más democrático de todos.
¿Por qué es importante votar?
Más allá de las controversias, esta elección representa una oportunidad única para que la ciudadanía influya directamente en la conformación del sistema judicial. Votar es esencial para elegir a quienes tomarán decisiones clave sobre vida, libertad y patrimonio, con un mandato potencial de hasta 18 años. Además, la elección fomenta la paridad de género, con casi la mitad de las candidaturas ocupadas por mujeres, y la diversidad profesional entre los aspirantes enriquecerá el sistema.
En un contexto donde la legitimidad del proceso está en juego, la participación ciudadana se vuelve crucial. Una alta abstención podría resultar en un poder judicial ilegítimo y dominado por intereses particulares.
