Gobierno busca bajar el precio del jitomate con acuerdos directos entre productores y compradores

El Gobierno de México puso en marcha una estrategia para reducir el precio del jitomate mediante acuerdos directos entre productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el objetivo de garantizar el abasto nacional y disminuir los costos para los consumidores.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, suscrito por productores de 18 estados del país. La medida busca priorizar el mercado nacional antes que la exportación y reducir la participación de intermediarios que encarecen el producto.

De acuerdo con datos presentados durante el acuerdo, el precio del jitomate llegó a venderse hasta en 80 y, en algunos casos, hasta 100 pesos por kilogramo en distintas regiones del país. Sin embargo, en los mercados mayoristas el producto se comercializa actualmente entre 25 y 26 pesos por kilo, lo que evidencia una amplia diferencia entre el precio de origen y el que finalmente pagan las familias mexicanas.

Al cierre de mayo, el precio promedio al consumidor se ubicó en 52.04 pesos por kilogramo, aunque ya registró una disminución semanal de 6.9 por ciento. Además, la presidenta Sheinbaum informó que, tras los primeros acuerdos para evitar intermediarios, el precio comenzó a descender y ya ronda los 48 pesos por kilo en algunos puntos de venta.

El convenio también contempla la creación de una plataforma digital que permitirá planificar la producción de acuerdo con la demanda nacional y los compromisos de exportación, evitando tanto la escasez como la sobreoferta. Asimismo, más de 12 mil productores de pequeña y mediana escala podrán acceder a créditos, capacitación, asistencia técnica e insumos agrícolas para fortalecer la producción.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la encargada de monitorear los precios en los puntos de venta para verificar que los beneficios del acuerdo lleguen efectivamente a los consumidores y contribuyan a proteger la economía familiar.