Sheinbaum suma 27 reformas constitucionales y 76 cambios legales en 23 meses
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acumula 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales durante sus primeros 23 meses de administración, de acuerdo con el balance presentado este miércoles 2 de septiembre por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján. Durante el inicio de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria sostuvo que los cambios buscan recuperar el sentido social de la Constitución, fortalecer la soberanía nacional y ampliar los derechos de la población.
Entre las modificaciones destacadas se encuentran las relacionadas con la recuperación de la rectoría del Estado en sectores estratégicos, mediante el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como la recuperación de los trenes de pasajeros. También se incluyeron reformas sobre soberanía alimentaria, protección del maíz nativo, prohibición del maíz transgénico, derecho humano al agua y medidas contra el acaparamiento de este recurso.
En materia política, seguridad y justicia, el balance contempla reformas contra el nepotismo y la reelección, además de modificaciones al Poder Judicial que establecieron la elección popular de ministros, magistrados y jueces. También se impulsaron disposiciones para combatir delitos como la extorsión, tráfico de fentanilo y armas, lavado de dinero, facturación falsa y feminicidio, además del fortalecimiento de la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
Sheinbaum aseguró que las reformas representan un “cambio profundo” en el marco jurídico del país y afirmó que buscan fortalecer la democracia, la soberanía y los derechos sociales. Entre los cambios mencionados también aparecen los Programas para el Bienestar como derechos constitucionales, medidas de igualdad salarial, protección para trabajadores de plataformas digitales, la Ley Silla, acceso a la vivienda y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
