Realizará INE una fiscalización exhaustiva y profunda de campañas y candidatos

Redacción 08/03/2018

Sinaloa. (Olegario Quintero Informa).- En el marco de la 81 Convención Bancaria, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, planteó la importancia de que este sector contribuya a que la autoridad electoral realice una fiscalización pronta, exhaustiva y profunda de los ingresos y gastos de las campañas electorales, a fin de que el financiamiento opaco e ilícito no enturbie la legitimidad de los gobiernos que serán democráticamente electos el próximo 1 de julio.

Lorenzo Córdova destacó la necesidad de que la Banca, como uno de los grandes aliados del INE, proporcione – en plazos breves y a través de las instancias hacendarias correspondientes- la información que permita detectar las operaciones de riesgo o la canalización de recursos irregulares a la campaña electoral que comenzará el 31 de marzo próximo.

“El INE tiene que hacer una fiscalización en tiempo real, esto quiere decir que, durante la campaña, los partidos políticos y los candidatos reporten día a día los ingresos y gastos que tengan. El INE no se conforma, por cierto, con los dichos de los actores, desplegamos tareas de verificación a lo largo y ancho del territorio y recabamos cientos de miles de pruebas de evidencia de gasto. También cruzamos información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar y validar cada factura y necesariamente requerimos información a la Banca para conocer los movimientos entre cuentas de partidos y proveedores, origen de recursos, dispersión de pagos, por ejemplo”, señaló.

Lorenzo Córdova mencionó que la fiscalización del INE abarcará alrededor de 20 mil candidatos y deberá presentar conclusiones de cada uno de los contendientes 40 días después de la Jornada Electoral, “porque tenemos que terminar nuestro trabajo antes de que los tribunales electorales califiquen las elecciones”.

Es por ello, dijo, “la agilidad en el intercambio de información con la Banca es vital para el INE; por la trascendencia del tema -agregó- hemos abordado esta situación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

El Consejero Presidente del INE reconoció la disposición que la Banca para colaborar con la autoridad electoral “a efecto de que los riesgos del financiamiento irregular sean inhibidos, detectados y sancionados”.

Es vital para el INE -destacó Lorenzo Córdova- que los movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE.

“Me refiero particularmente a las operaciones que realizan entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público, y que conforme a los modelos que cada institución financiera ha definido y desarrollado se califican como de riesgo, y que hacen del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

Precisó que lo ideal sería que las operaciones de riesgo se puedan actualizar, no al término de cada trimestre, como ocurre, sino en plazos más breves, “lo óptimo sería una semana, como una medida temporal sólo durante los tres meses que durará la campaña”.

Si la información se entrega al término de cada trimestre, advirtió, esa información ya no puede ser útil para la fiscalización, porque el segundo trimestre es el que ocupan las campañas electorales, y el INE debe terminar a más tardar el 15 de agosto la fiscalización.

“Lo ideal sería llegar al extremo de una semana como medida temporal para que la información que ustedes generan pueda fluir de manera más ágil y el INE pueda asegurar que a la política no llegan recursos públicos desviados a través de empresas fachada o que hay tramas de financiamiento electoral a espaldas de la ley”, subrayó.

La transformación del México autoritario en un país democrático -resaltó- es una prueba de la vocación civilizatoria que conllevan las elecciones, y refleja cómo la competencia electoral ha logrado encauzar por vías institucionales la lucha por el poder político y el respaldo o rechazo de la sociedad a las autoridades elegidas en las urnas.

Finalmente, hizo un llamado a los partidos y los candidatos a apegarse a las normas y cumplir con sus obligaciones de transparencia y redición de cuentas; a los gobiernos, a cumplir con la Constitución y mantener la imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo, a no intervenir en la contienda electoral, y a los medios de comunicación a procurar información oportuna, cierta, porque de ello depende que el voto sea libre e informado.

Y a la sociedad, las y los ciudadanos, a apropiarse de una elección, “no sólo porque son ellos quienes las hacen sino porque la decisión está en sus manos y la misma debe tomarse en total libertad y generándonos a los demás actores todos los contextos de exigencia que sean posibles para que cumplamos debidamente nuestra labor”.