Vecinos de Santa Rocío II dispuestos a regularizarse; acusan intimidación
Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el Representante Legal de Victoria del Pacífico S.A. de C.V., Tomás Ibarra Sainz, expusiera que los invasores del Fraccionamiento Santa Rocío II no tienen ninguna intensión de solucionar la situación en la que invaden propiedad ajena, los vecinos del fraccionamiento se reunieron e insistieron que están la mejor disposición para regularizarse y poder obtener todos los servicios de manera legal.
Temiendo por su seguridad, los vecinos del Fraccionamiento, no quisieron dar sus nombres pues comentan que han sufrido intimidación tanto por parte de Ibarra Sainz como del antiguo representante, Gustavo Rojo Rodríguez.
Mencionaron que dicho Fraccionamiento, ya tenía muchos años abandonado por lo que rechazan que sea su culpa el quiebre de la empresa.
«Cuando nosotros llegamos a este fraccionamiento, fue porque se nos dijo que estas casas era para la venta. Desde un inicio así se nos hizo saber. (…) Se nos dejó muy claro que era la casa que se nos iba a vender», insistió.
Una de las vecinas comentó que en 2012 si fueron citados a una reunión en Palacio de Gobierno en fin de semana, sin embargo, al llegar al lugar, dice que fue un engaño para ser detenidos.
«Nuestro principal objetivo era llegar a un trato con ellos por la casa que estamos habitando. Cuando estábamos ahí, (…) nosotros nos empezamos a ir por miedo», dijo.
Luego de ello, comentan que comenzaron las represalias contra las familias que habitan ahí.
«Cuando nos disponíamos a dormir, empezaron a llegar grupos armados. (…) Tocaban la puerta, (…) y la sorpresa era que los hombres con armas, entraban a la fuerza, golpeando tanto a padres, madres de familia (…) y a los niños que estuvieran ahí, los apuntaban con pistola», aseveró.
Otro de los vecinos agregó que la intimidación que han sufrido lleva años sucediendo y, sobre todo, contra los menores. Por ello, cada acción en su contra ha sido denunciada y, en ocasiones, hasta publicada por lo medios.
Añadieron que incluso uno de los vecinos falleció de un infarto a consecuencia de una de las redadas que presuntamente fueron enviadas por el representante legal.
Finalmente, indicaron que alrededor de cinco familias «cayeron» ante las promesas de tener casa propia y accedieron a darle de 130 mil a 150 mil pesos por las viviendas, sin embargo, lo documentos que recibieron eran falsos.
