Concluyó el plazo para solventar informes de cuentas públicas 2017
Culiacán, Sinaloa.- Desde tribuna, diputados de las fracciones parlamentarias PAN, PRI y Morena, dieron su posicionamiento tras culminar el plazo para solventar los informes de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017.
Jorge Iván Villalobos Seáñez, coordinador del PAN, reprochó que el informe final de la revisión de las cuentas públicas que presentó la Auditoría Superior del Estado no presenta grandes razgos, con un trabajo deficiente, precario, que no refleja las solventaciones de los entes fiscalizados.
«De los 498 millones de pesos que se determinaron en el ejercicio 2017 no se solventó en 49 por ciento, es decir, los entes públicos fiscalizados dejaron de comprobar el 50 por ciento, quier decir con eso que en Sinaloa, de cada dos pesos que el gobierno gasta deja de comprobar un peso», subrayó.
La diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero, destacó que desde que empezó el proceso, inició mal, porque algunas de las acciones y decisiones de la Comisión de Fiscalización no se apegaron estrictamente a la legalidad, motivo por el cual casi la mitad de los legisladores votaron en contra de los dictámenes emitidos, por lo que se vivió un proceso irregular que no se apagó estrictamente a derechos.
«En este Informe Final se reitera una falta de conocimiento técnico y legal, cuando se señala que el Ejecutivo Estatal superó el techo presupuestal que se le aprobó para Comunicación Social, en el ejercicio fiscal 2017.(…) Queremos dejar constancia pública, que la bancada del PRI acatará, sin reservas, lo que determine con base a la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
Finalmente el presidente de la comisión de fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta defendió que se detectó irregularidades en las entidades al aplicar el recurso público, así como también se detecto que se violaron distintas leyes.
También dijo que los decretos de informe de la cuenta pública no se publicaron por el ejecutivo argumentando algunas observaciones jurídicas no técnicas, por eso que se decidió emitir una controversia constitucional y que sea la Supera Corte de Justicia de la Nación quien decida quien tiene la razón.
«Ahí es donde nos damos cuenta como la misma corrupción ha sido una cobija desde hace tiempo de que los OIC no funcionan y no están dando los resultados que deberían dar(…) Porque todo estaba hecho para eso, para que la corrupción continuara, hoy que estamos nosotros aquí, nos damos cuenta de todo el cochinero que hay y una imposición del ejecutivo de querer mantener las cosas igual».
