Corte analizará si México debe acatar recomendaciones de la CIDH sobre desplazados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto que propone no reconocer como vinculantes para el Estado mexicano las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de desplazamiento forzado interno. La propuesta sostiene que dichas recomendaciones tienen carácter orientador y no generan por sí mismas una obligación legal para el Congreso de legislar sobre el tema.
El debate surge en el contexto de un amparo relacionado con la ausencia de una ley federal especializada para atender a las personas desplazadas por la violencia en México. El proyecto considera que ni la Constitución ni la Convención Americana establecen un mandato específico que obligue al Poder Legislativo a expedir una legislación general sobre desplazamiento forzado interno.
Organizaciones civiles y especialistas han cuestionado esta postura al señalar que la CIDH ha recomendado en diversas ocasiones que México adopte una legislación federal, cree instituciones especializadas y destine recursos para atender a las personas desplazadas. Advierten que una resolución en ese sentido podría limitar el reconocimiento de obligaciones del Estado frente a esta problemática.
De acuerdo con información presentada ante la Corte, el desplazamiento forzado interno continúa siendo un desafío en distintas regiones del país afectadas por la violencia, mientras que actualmente no existe una ley federal específica en la materia, aunque entidades como Sinaloa cuentan con legislación local para atender este fenómeno.
