Necesario censo actual de familias desplazadas, plantean diputadas

Diputadas del PAS y Morena reconocieron disposición del Ejecutivo estatal por atender a familias desplazadas de sus comunidades, y se pronunciaron por la elaboración de un censo que atienda a todas las personas afectadas para planear acciones que atiendan los efectos de este problema y también sus causas.

La diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAS, señaló que el desplazamiento forzado constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca un deterioro económico y de salud física y mental.

Reconoció que uno de los objetivos principales del gobernador Rubén Rocha Moya, en su política de atención a la población víctimas de desplazamiento forzado interno, es el de promover su bienestar social acercando los satisfactores básicos que demandan.
Se pronunció por reformar la Ley de Vivienda para promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente, que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a las personas desplazadas.

También se pronunció por reformar la Ley de Atención y Protección a Víctimas para incorporar en el concepto de daño, las acciones de desaparición forzada y el desplazamiento forzado por violencia criminal, para que las personas afectadas sean asumidas como víctimas y, por lo tanto reciban todas las garantías, protecciones y salvaguardas que establece la ley en mención.

Sin embargo, aclaró que también se requiere de contar con un padrón de personas víctimas del desplazamiento forzado interno actualizado por cada municipio para poder implementar un plan de vivienda y garantizar que cada persona sea atendida como víctima,

La diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto, de Morena, coincidió en que el derecho de acceso a una vivienda digna busca garantizar una dignifcación humana en distintas condiciones.

Uno de los problemas que enfrenta Sinaloa en el área rural, agregó, es justamente el del desplazamiento de familias, motivado entre otros factores por violencia, y con ello dejan una vida tranquila en la zona rural y llegan a un mundo acelerado y se les cambia radicalmente su forma de vivir.

Comentó que de acuerdo al censo que se tiene, durante 2021 se contabilizaron más de 2 mil 500 familias que perdieron su hogar, todas en la zona serrana, pero aclaró que la carencia de estadísticas oficiales sobre las personas desplazadas representan un vacío en el conocimiento real del problema.

Ante ello, expuso que es importante tener una clara visión de las dimensiones de este problema para una eficiente planeación en la atención de las familias desplazadas, con el objetivo de atacar no sólo los efectos, sino también las causas que los originan.

También reconoció al gobernador Rubén Rocha Moya porque ha mostrado una gran sensibilidad ante este tema, sobre todo al encabezar la Comisión Intersecretarial para la Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado.

La diputada María Victoria Sánchez Peña, también de Morena, y quien es presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado, resaltó que en materia de vivienda en Sinaloa hay diversos problemas, tales como hacinamiento, desplazados e invasiones.

Comentó que ya se han destinado partidas presupuestales para atender a las familias desplazadas en Sinaloa, pero señaló que no se ve una solución al problema.